Frente a la defensa de intereses por convicción y a través de la confrontación, demos una oportunidad a la concertación a través del diálogo y de la consulta. Los sindicatos y los empresarios defienden intereses legítimos, en el inicio contrapuestos, pero llamados al entendimiento en la defensa de un bien común: el reparto razonable de la riqueza generada por las empresas con la participación activa de todas las personas que conformamos este país. Y esto solo es posible mediante un proceso de diálogo y negociación permanente, honesto, nunca desde la imposición unilateral, aunque sea legal.

No comparto la posición de quien dice que de nada sirve un diálogo que nace viciado porque Gobierno y patronal mantienen el mismo discurso, neoliberal. Y se mofa del sindicalismo ‘comprado’ por la necesidad de su financiación y sumiso al poder empresarial. Es, radicalmente, un insulto a la verdad, una infamia. Algún día seremos conscientes del daño que esas afirmaciones producen a los propios trabajadores. Porque marginándose de la participación, rehúyen su propia responsabilidad, se niegan a entablar un diálogo abierto, y renuncian así a ser oídos y a escuchar. Y a acordar mejoras sociales y laborales; aquellas que sean posibles. Su presencia obligaría a todos a reconocernos mejor en nuestras diferencias, en las de verdad. Digo todo esto desde un realismo triste, pero no desanimado. Nunca debemos dar por perdida esta llamada, como no dimos por perdidas otras ilusiones. La historia de las relaciones laborales ha sido, en todo el mundo, una historia de avances.

La puesta en marcha formal de la Mesa de Diálogo Social tiene causa directa en el acuerdo de julio de 2016 que se alcanzó cuando, permítanme el orgullo de manifestarlo, era yo consejero de Empleo y Políticas Sociales, y en aquel pacto se señaló la necesidad de establecer una norma jurídica que diese estabilidad al Diálogo Social, y se subrayó la necesidad de defender nuestros propios convenios colectivos de ámbito vasco, lo que creo honestamente que fue el antecedente directo del Acuerdo Interprofesional de enero de 2017 que firmaron todos los sindicatos y la patronal. Aquella reunión era heredera de otras celebradas en la legislatura anterior, por un Gobierno socialista que inició la práctica del diálogo social tripartito, al que siguió tratando de dotar de contenido un Ejecutivo nacionalista, con Juan Mari Aburto y conmigo, y que culmina ahora con la estabilización del diálogo social mediante una norma jurídica, que es la que finalmente ha aprobado esta semana un Ejecutivo de coalición.

Sabemos que en nuestra comunidad autónoma no se pueden tomar algunas decisiones del ámbito sociolaboral, ya que la definición del marco normativo corresponde al Gobierno de España, dentro de otras decisiones de ámbito supranacional emanadas de la UE a través de directivas comunitarias. Soy consciente también de que determinadas cuestiones, como el ámbito de la fiscalidad, competen a otras instituciones, las forales. Pero el conocimiento de estas limitaciones competenciales no puede servir de argumentario para invalidar el espacio para los grandes acuerdos, que es posible abordar y suscribir en nuestro país en el marco del diálogo social. Por ello, no podemos sino celebrar hoy la constitución de un órgano que, con la implicación y voluntad sincera de sus participantes, puede hacer posible el titulo de esta reflexión: construir país entre empresarios, sindicatos y Gobierno, construir el futuro en el convencimiento de que será un país mejor y más justo con las aportaciones de todas y todos los que convivimos en él, con nuestras diferencias, nuestros sueños y aspiraciones comunes y, sobre todo, nuestra voluntad de avanzar juntos.